AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado Ponente


SC8706-2017

Radicación n° 11001-02-03-000-2013-00573-00

(Aprobada en sesión de tres de mayo de dos mil diecisiete)


Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil diecisiete (2017).


Se decide la solicitud de exequátur del Decreto de Divorcio n° 2007-2200-4 de 7 de marzo de 2008, proferido por la Corte de Circuito del Condado de Washington en Arkansas, División de Relaciones Familiares, de Estados Unidos de América.


ANTECEDENTES


1. Andrés Valencia Montaño solicitó la homologación de la sentencia por la que se ordenó y decretó la extinción de su vínculo matrimonial con María Nidia Herrera Álvarez, producto de la cesación de su vida en común.


2. Los hechos relevantes de la demanda pueden compendiarse así:

2.1. Los cónyuges contrajeron matrimonio civil el 7 de septiembre de 2001, ante el Notario Primero del Círculo de Calarcá (Quindío), el cual se registró con el serial 2307621.


2.2. Desde el mes de abril de 2005 los esposos concluyeron su cohabitación, por lo que en el año 2007 la señora Herrera Álvarez presentó solicitud judicial de divorcio.


2.3. La súplica se falló favorablemente el 7 de marzo de 2008, «con fundamento en la separación de cuerpos de hecho por un período superior a dieciocho (18) meses» (folio 22).


2.4. Durante la vida en común, no se procrearon hijos ni se adquirieron bienes.


TRÁMITE DEL EXEQUÁTUR


1. En aplicación del artículo 695 del Código de Procedimiento Civil, una vez admitida la demanda, se corrió traslado de la misma al agente del Ministerio Público, y se ordenó el emplazamiento de la señora María Herrera, de quien se afirmó no conocer su paradero (folio 48).


2. El Procurador Delegado para Asuntos Civiles consideró que era procedente la homologación, al encontrar que Colombia y Estados Unidos de América son suscriptores de la Convención América sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (folio 61).


3. El curador ad litem de la señora Herrera se atuvo a lo probado en la causa, y pidió se decretaran las pruebas solicitadas en la demanda.


4. Se recabaron las siguientes probanzas en desarrollo de la actuación:


4.1. Documentos aportados con el libelo introductorio (folios 2- 20), que incluyen el decreto de divorcio, su apostilla, los registros civiles de matrimonio y nacimiento, los oficios GTAJI n° 63250 y 64768 del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, y las traducciones requeridas.


4.2. Oficio S-GTAJI-14-045695 suscrito por la Coordinadora del Grupo Interno de trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores (folio 102), por el cual se informó que no existen acuerdos bilaterales vigentes sobre reconocimiento recíproco de decisiones judiciales entre Colombia y Estados Unidos de América.


4.3. Comunicación S-GAUC-14-073158 de 1 de octubre de 2014, de la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores (folio 131), en el cual allegó, en idioma inglés, la copia auténtica, legalizada y con notas de vigencia de las normas del Código del Estado de Arkansas sobre asuntos de familia, relaciones domésticas, divorcio, y ejecución uniforme de sentencias extranjeras (folios 111 a 128).


4.4. Traducción parcial de los capítulos 12 y 66 del Código Estatal de Arkansas, realizada por intérprete oficial contratado por la parte demandante (folios 163-168).


5.        Vencido el periodo probatorio, se dio traslado a las partes para alegar (folio 197), el cual transcurrió sin intervención alguna (folio 198).


CONSIDERACIONES


1. La presente decisión se sujetará al Código de Procedimiento Civil, por ser la norma vigente al momento de la solicitud de reconocimiento, esto es, el 11 de marzo de 2013 (folio 33).


Si bien el 1° de enero de 2016 entró en vigencia el Código General del Proceso, lo cierto es que el numeral 5 del artículo 625 ibidem consagró como regla general que las actuaciones en curso deben culminarse de acuerdo con la normatividad aplicable al momento de su iniciación, regla que es aplicable al reconocimiento.


Así lo ha recocido esta Corporación:


Quiere decir que al no existir una referencia concreta al exequátur en la norma referida -numeral 6 del artículo 625-, queda comprendido dentro de la última regla transcrita, por lo que se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil, por ser las aplicables al momento en que se inició (CSJ SC8655, 29 jun. 2016, rad. n° 2015-01712-00).


2. La homologación es un trámite jurisdiccional que busca otorgar, a una sentencia proveniente del exterior, efectos equivalentes a los de una local, en virtud del principio de colaboración armónica entre los estados y las necesidades connaturales de una sociedad globalizada, con un alto tránsito de personas y de capitales entre los países.


En este caso, la administración de justicia deja de estar en manos de los jueces locales, para admitir que lo resuelto por falladores foráneos tenga pleno valor, a condición que se cumplan las formalidades fijadas en la regulación, las cuales no pretenden un reexamen de la relación jurídica sustancial, sino la verificación de ciertos aspectos extrínsecos al proveído1, tales como la reciprocidad diplomática o legislativa, la competencia del juzgador, la salvaguardia del orden público interno, la tutela de los derechos de defensa y contradicción, y el cumplimiento de la legalización y autenticación que es exigible a todos los documentos extranjeros2.


       En Colombia, los artículos 693 y 694 del derogado Código de Procedimiento Civil, consagraban estos requerimientos en los siguientes términos:

(i) Entre nuestro país y el de procedencia debe existir reciprocidad diplomática o legislativa, de suerte que haya un compromiso correlativo de reconocer las providencias emitidas en el otro, en virtud de tratados internacionales o de sus ordenamientos jurídicos nacionales3;


(ii) La decisión debe tener el carácter de sentencia judicial y ser emitida en un proceso contencioso o de jurisdicción voluntaria4;

       (iii) El asunto del cual se ocupa el fallo no puede referirse a derechos reales sobre bienes ubicados en territorio colombiano, pues en este caso se debe aplicar el principio de territorialidad5;


       (iv) La resolución debe estar en armonía con las normas de orden público sustancial patrias, valga decirlo, los principios que disciplinan las diferentes instituciones jurídicas y en cuyo respeto está interesado el país.


La jurisprudencia ha definido el orden público como «los principios esenciales del Estado»6 o «los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional»7, esto es, «los principios y valores fundamentales del sistema u ordenamiento jurídico, su noción atañe al núcleo central, medular, básico, cardinal, primario e inmanente de intereses vitales para la persona, la existencia, preservación, armonía y progreso de la sociedad»8.


(v) El proveído a reconocer debe estar ejecutoriado, según la ley del país de origen, en orden a garantizar que sea inmodificable e intangible, para lo cual deberá acreditarse que frente a lo decidido no proceden recursos, que los mismos ya se agotaron, que precluyó la oportunidad para interponerlos, o que no puede acudirse a otros instrumentos judiciales para controvertir lo resuelto9;


(vi) Copias de la sentencia y de la constancia de ejecutoria deben estar debidamente autenticadas y legalizadas, con el objeto que pueda certificarse la calidad del funcionario que suscribe el documento público, para lo cual deberá acudirse a la legalización ante consulado o a la apostilla, según el caso10;


(vii) La competencia para conocer de la materia no puede estar radicada exclusivamente en cabeza de los jueces colombianos, como sucede en materia de inmunidades o al aplicarse los estatutos personal o real reconocidos en el Derecho Internacional Privado;


(viii) Es imperativo observar las reglas de la cosa juzgada y el non bis in idem, por lo que se excluye la homologación de decisiones que se refieran a asuntos sobre los cuales haya un pronunciamiento local o un proceso en curso; y


(ix) Deberá acreditarse que en el trámite adelantado en el otro país se respetó el debido proceso, en particular, las garantías de debida noticia y contradicción.


       Lo expuesto, claro está, sin perjuicio de los tratados internacionales suscritos por Colombia y que sean aplicables al caso, los cuales pueden consagrar requisitos adicionales o diferentes.


3. En el caso sub examine encuentra la Corte que deberá negarse el reconocimiento solicitado, en tanto no se satisface el primero de los requisitos, como es la reciprocidad.


3.1. En efecto, según el oficio S-GTAJI-14-045695 de 7 de julio de 2014, del Ministerio de Relaciones Exteriores, «no reposa información sobre la suscripción de tratados por medio de los cuales se de reconocimiento recíproco de sentencias proferidas por autoridades jurisdiccionales, entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América» (folio 102), por lo que se excluye la correspondencia diplomática.


Ciertamente estas naciones son suscriptoras del Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, firmada el 10 de junio de 1958 en New York, como lo mencionó la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles. Sin embargo, este instrumento no es aplicable al caso bajo estudio, pues su aplicación se circunscribe a sentencias arbitrales, esto es, a laudos, sin que pueda extenderse su aplicación a otra clase de actos jurisdiccionales.


Así se advierte en el numeral 2 del artículo 1 del Convenio, a saber: «[l]a expresión ‘sentencia arbitral’ no solo comprenderá las sentencias dictadas por los árbitros nombrados para casos determinados, sino también las sentencias dictadas por los órganos arbitrales permanentes a los que las partes se hayan sometido».


La Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), al analizar la noción de sentencia arbitral, manifestó que únicamente se configura cuando «i) sea dictada por árbitros; ii) resuelva una controversia o parte de ella de manera definitiva; y iii) sea vinculante»11.


En el caso sub lite, por pretenderse el exequatur del Decreto de Divorcio n° 2007-2200-4 de 7 de marzo de 2008, proferido por la Corte de Circuito del Condado de Washington en Arkansas, División de Relaciones Familiares, fluye la inaplicación del citado Convenio, por tratarse de un proveído emanado de un juez nacional, lejano a un lado proferido por árbitros o instituciones arbitrales.


3.2. Desestimada la reciprocidad diplomática, huelga analizar la legislativa. Para su demostración, el convocante allegó el oficio GTAJI n° 63250 de 18 de septiembre de 2012, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual se informó que «en los Estados Unidos de América la ejecución de sentencias es una cuestión regulada por el derecho estadual y, por lo tanto presenta características particulares para cada estado de la Unión» (folio 15 reverso).


También anexó el concepto jurídico n° 652-315 del Consulado de Colombia en Houston (Texas), en el que se puntualizó que «[s]egún la Ley 87 promulgada por la Asamblea General 88 del Senado de los Estados Unidos de las Cortes de Arkansas podrán reconocer juzgamientos de países extranjeros siempre y cuanto no vayan en contra de la política pública de Arkansas» (folio 20).


Esta Corte exhortó al anterior cuerpo diplomático, para que «a costa del interesado, se [sirviera] enviar a esta Corporación copia auténtica, legalizada, traducida y con nota de vigencia, de las normas del Código del Estado de Arkansas de 1987 que a continuación se relacionan:… vii. Capítulo 66 -Ejecución de sentencias-; y viii. Subcapítulo 6 –Ejecución Uniforme de las Sentencias Extranjeras-» (folio 94).


Por comunicación de 26 de agosto de 2014 se arrimó la normatividad en cuestión (folio 129), aunque en su idioma original, por lo que a través de auto de 9 de abril de 2015 se ordenó su desglose «para que la parte interesada [allegara] su traducción en legal forma, de conformidad con los artículos 260 del Ordenamiento Procesal Civil y 6° de la Resolución 4300 de 2012» (folio 136).


Esta carga fue satisfecha el 2 de julio del mismo año, pero de forma parcial, por cuanto el demandante arguyó dificultades económicas para solventar la totalidad de la traslación (folios 169 y 170). La documentación, se advirtió de la ausencia de traducción al español del artículo 16-66-602 del Código Estatal de Arkansas, por lo que se requirió por autos de 2 de agosto (folios 183 y 184) y 9 de noviembre de 2016 (folio 186), sin obtener respuesta positiva del interesado.


Ante esta pasividad, por proveído de 20 de enero de los corrientes, se ofició al traductor contratado por el convocante, solicitándole complementara su labor (folio 190), quien guardó silencio a pesar de la insistencia de la Corte.


Así las cosas, y dado que el referido precepto 16-66-602, por regular la posibilidad y las condiciones para que sentencias extranjeras sean reconocidas en el estado de Arkansas, es fundamental para evaluar la existencia de correspondencia legislativa, la falta de traducción conduce a restarle eficacia demostrativa, y, consecuentemente, al fracaso del exequatur.


Y es que, según el artículo 260 del Código de Código de Procedimiento Civil, «[p]ara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez», por lo que, al faltar este requisito, no podrá atribuírsele mérito suasorio.


En adición, el concepto jurídico allegado por el convocante, carece de la virtualidad de probar el elemento que se echó de menos, en virtud del artículo 188 ibídem, porque prescribe que, en tratándose de derecho escrito extranjero, como sucede con el estado de Arkansas, sólo podrá probarse con la copia de la normatividad expedida «por la autoridad competente del respectivo país, autenticada en la forma prevista en el artículo 259» o «por el cónsul de ese país en Colombia, cuya firma autenticará el Ministerio de Relaciones Exteriores».


Se consagró, entonces, un caso de conducencia legal, que limita la aptitud persuasiva de los instrumentos probatorios, como el informe arrimado con la demanda, ya que el único admisible es la reproducción auténtica de los instrumentos legales.


Al haberse desatendido la carga probatoria de acreditar la reciprocidad legislativa, la cual estaba radicada en cabeza del convocante, por corresponderle la demostración de los supuestos legalmente establecidos para la prosperidad de la homologación, su solicitud deberá ser rechazada.


Así lo ha señalado la Sala en otros casos:


[E]n ausencia, de reciprocidad diplomática, incumbía a la solicitante del exequatur la carga de probar la vigencia de la ley extranjera sobre el 'particular para establecer así si se le reconocen en los Estados Unidos efectos a las sentencias pronunciadas en asuntos como este por los jueces civiles colombianos, carga procesal que no se encuentra satisfecha y que, por ende, impone despachar negativamente la solicitud de exequatur impetrada en la demanda. (Sentencia, 12 dic. 1988).


Reitérese, ante la falta de acreditación de la reciprocidad legislativa entre Colombia y el estado de Arkansas, Estados Unidos de América, la homologación no se abre paso y deberá ser negada.


4. De otro lado, el numeral 1 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil dispone que la condena en costas es imperativa en contra de la parte vencida en el proceso. Empero, esta regla debe interpretarse de forma sistemática con el numeral 8 ibidem, el cual determina que «[s]olo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».


En el caso, dado que la afectada con el reconocimiento no intervino en la causa, ni está acreditado que incurriera en gastos para la atención del exequatur, no es procedente imponer condena en costas.


DECISIÓN


Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve no conceder el exequátur del decreto de divorcio DR n° 2007-2200-4 de 7 de marzo de 2008, proferido por la Corte de Circuito del Condado de Washington en Arkansas, División de Relaciones Familiares, de Estados Unidos de América.


Sin costas en el trámite.


Notifíquese.





LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO





ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA



1 CSJ, SC10089, 25 jul. 2016, rad. n° 2013-02702-00.

2 Lino Enrique Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, Lexis-Nexis y Abeledo-Perrot, Argentina, 2003, 17ª Ed., p. 693.

3 CSJ sentencia 18 dic. 2009, rad. n° 2008-00315-00; 11 ene. 2011, rad. n° 2007-00499-00; 8 nov. 2011, rad. n° 2009-00219-00; 19 dic. 2012, rad. n° 2011-00579-00 y 21 feb. 2014, rad. n° 2008-01175-00.

4 Cfr. CSJ, AC5678, 31 ag. 2016, rad. n° 2016-00540-00.

5 CSJ, AC4909, 2 ag. 2016, rad. n° 2016-01537-00.

6 CSJ, SC10089, 25 jul. 2016, rad. n° 2013-02702-00.

7 CSJ, 27 jul. 2011, rad. n° 2007-01956-00.

8 CSJ, 8 nov. 2011, rad. n° 2009-00219-00.

9 CSJ, AC7288, 27 oct. 2016, rad. n° 2016-03016-00.

10 CSJ, AC7244, 25 oct. 2016, rad. n° 2016-02791-00.

11 Guía relativa a la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958), New York, 2017, p. 13.